La siembra de represas e hidroeléctricas, sólo será capaz de cosechar violencia y destrucción. La ignorancia es atrevida… pero a pesar del atrevimiento y la ignorancia, es una realidad contundente que las represas para hidroeléctricas son estúpidas y destructivas. Gracias a la ayuda interesada de la gran mayoría de los medios masivos de comunicación y a sus relacionistas públicos que, se hacen llamar periodistas, mucha gente de la ciudad -también del campo- piensan que las represas para hidroeléctricas son de gran beneficio para el “desarrollo” del país y de las comunidades cercanas en donde se construyen represas e hidroeléctricas. Nada más falso y alevoso.
En otros países, con mayores niveles de conciencia y participación ciudadana, el tema de las represas, hidroeléctricas y minería metálica a cielo abierto, levantan “alergias”, alertas y gente, debido a la enorme capacidad de afectación y daños que causan en los ecosistemas y a las poblaciones. Estas auténticas industrias de la muerte: hidroeléctricas y minería a cielo abierto, han sido potenciadas por un crecimiento basado en el absurdo y el consumismo. La ciudad de Panamá ha sido convertida en una ciudad de luces y apiñamiento de torres de cemento, arena y vidrios. Represas y minas están contribuyendo con la destrucción del planeta y la violencia que se ejerce en las comunidades indígenas y campesinas.
Los ríos son como las venas y arterias por donde circula el agua –la sangre de la tierra-. Si represamos los ríos, interrumpimos, de manera brutal, el recorrido natural, causando daños profundos, directos y colaterales, capases de acabar con cientos de especies vivas, entre ellas, los seres humanos. A lo largo del recorrido de los ríos abunda la vida, cuando lo interrumpimos, abunda la muerte. Flora y fauna se ven afectados de manera significativa. El desplazamiento de comunidades es denominador común en la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas.
Algunas veces los medios masivos rompen la regla de la complicidad.
El diario La Prensa , en tres entregas (24, 25 y 26 de mayo) nos devela parte del sucio y destructivo negociado que se esconde y maneja detrás de la construcción de represas para hidroeléctricas en Panamá. Con leyes, normas y reglamentos a su favor, empresarios nacionales y extranjeros se hacen de las concesiones de agua en los ríos de Panamá hasta agotarlos. “Cinco empresas controlan 14 hidroeléctricas” en ellas destacan empresarios extranjeros como Carlos Slim y nacionales como González Revilla (hijo).
A propósito del show mediático de la “cruzada por la paz”. Como bien dice el refrán: “no todo lo que brilla es oro”… y NO todo el que pregona y utiliza el nombre de paz, busca la armonía y las relaciones de justicia entre los seres humanos y la naturaleza.
En lugares recónditos de las montañas indígenas en la Comarca Ngóbe-Buglé pululan miembros de los “Cuerpos de Paz”. Mucho se ha documentado sobre este tipo de espionaje “secreto”… se ha dicho que se trata de un organismo bajo la tutela del Departamento de Estado de los Estados Unidos (USA) haciendo labor comunitaria que incluye la elaboración de informes con documentación precisa de lugares y los tejidos sociales en la población indígena. Los informes incluyen fotografías, lista de “líderes” sociales, políticos y comunitarios, y la señalización geográfica, con coordenadas incluidas, de lugares, haciendo una descripción de la topografía y muchos otros detalles. Conociendo el pedigrí de pacifistas de los gobiernos USA, bien podríamos llamar a estos organismos “cuerpos de paz para la GUERRA ”.
En Darién pululan también militares norteamericanos, supuestamente en retiro y supuestamente sacando muelas, haciendo caminos, construyendo y pintando aulas escolares y otras responsabilidades que le correspondería, en un país soberano, a las autoridades panameñas. ¿“Nuevos Horizontes”? En realidad son viejas y repetitivas tretas utilizadas para camuflar y preparar las constantes y consabidas agresiones militares a los pueblos, países y gobiernos, que USA, considera su patio trasero.
“¿Cruzada por la paz? ¿Aplaudida y prácticamente dirigida por las autoridades nacionales responsables, en gran medida, de la violencia y la inseguridad ciudadana? Sin JUSTICIA SOCIAL no habrá PAZ. Sacarle “tarjeta roja” a la violencia dejando intacto el sistema de injusticia social que prevalece en el país no es más que un show mediático que trata de rebosar el poder y la continuidad del sistema de injusticia social que causa tanta violencia en el país. ¿Cuándo le sacaremos “tarjeta roja” y expulsaremos de manera definitiva a tantos empresarios corruptos –nacionales y extranjeros- que están sembrando de violencia o lo que es lo mismo, represas y mineras, el territorio panameño?
Héctor Endara Hill
hector@panamaprofundo.org
26.05.2010
Lo publicado por La Prensa los días 24, 25 y 26 de mayo de 2010.
La Prensa , 24 de mayo de 2010
HIDROELÉCTRICAS
Ríos de Chiriquí con 63 proyectos
Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.
LEONARDO FLORES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com
De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.
La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.
Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.
La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.
El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.
La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos
EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO, EL 98% DE LAS AGUAS HA SIDO CONCESIONADO PARA EL USO DE HIDROELÉCTRICAS, SEGÚN UN ESTUDIO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO REALIZADO EN 2008
Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas
Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.
PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA / Eric Batista
LEONARDO FLORES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com
A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.
Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.
Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.
Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.
El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.
La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.
En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.
Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.
Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros .
La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.
En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.
El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.
Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.
El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.
Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam , Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.
DAÑO ECOLÓGICO
Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.
Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.
La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.
“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.
El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.
DISPUTA LEGAL
Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción , que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.
Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.
A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep , los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.
PUEBLO PARTIDO EN DOS
Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.
Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.
El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.
¿PLAGIO DE EIA?
Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.
Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.
Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.
En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.
Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.
El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.
Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.
Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam , el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.
Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.
Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.
¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?
La Prensa 25 de mayo de 2010
Auditarán proyectos hidroeléctricos
LEONARDO FLORES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com
El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.
POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ
Exigen estudio acumulativo
La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.
Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA / Eric Batista
LEONARDO FLORES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
lflores@prensa.com
La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.
La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.
En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.
Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.
“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.
Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.
Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.
“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.
Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.
“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.
Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.
REALIZARÁN AUDITORÍA
El administrador de la Anam , Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.
Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.
Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.
“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.
En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam , Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.
ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS
El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.
“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.
Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.
Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.
A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.
La Prensa , 26 de mayo de 2010
Cinco empresas controlan 14 hidroeléctricas
Desde el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, hasta reconocidas familias panameñas, explotan los ríos de Chiriquí.
RAFAEL E. BERROCAL R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
rberrocal@prensa.com
Cinco empresas –tres locales y dos extranjeras– son las dueñas de 14 de las 17 hidroeléctricas que se construyen en los ríos de la provincia de Chiriquí. La mayoría de las empresas no pagó canon alguno al Estado por la concesión.
La situación, además, ha producido fuertes críticas debido al negativo impacto que las obras están produciendo en los principales ríos de la provincia.
Una de las empresas que están en el negocio es Panamá Power Holding –representada por 45 empresarios locales liderados por Emanuel González Revilla (hijo)– con cinco proyectos en ejecución.
También participa de la actividad Carlos Slim –el hombre más rico del mundo– con su empresa Ideal, S.A. El empresario mexicano pagó en 2007 $31 millones al Estado por los derechos de dos hidroeléctricas.
A Slim lo siguió Suez Energy con tres proyectos sobre el río Gualaca; Electron Invesment, de la familia Saint Malo-Eleta, y Las Perlas S.A., de los Hanono. Ambos grupos familiares construyen dos proyectos cada uno.
Las otras obras en construcción –y las 11 en fase de diseño final– están en manos de familias empresariales locales como los Virzi, Delvalle y Lewis Navarro.
Entre 2001 y 2006, varias concesiones fueron solicitadas al Estado para especular. Ingenieros y abogados reservaron, sin costo, aprovechando la flexibilidad de la ley.
En 2006, la gestión del entonces presidente Martín Torrijos cambió las reglas, pero el problema no se corrigió.
NVERSIONISTAS CONSIGUIERON SIN COSTO LOS DERECHOS PARA CONSTRUIR HIDROELÉCTRICAS SOBRE LA MAYORÍA DE LOS RÍOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, Y SIN SER LOS DUEÑOS DE LAS TIERRAS VENDIERON ESOS DERECHOS A ALTOS PRECIOS
Los rostros detrás de las hidroeléctricas
Carlos Slim y un pequeño grupo de empresarios locales monopolizaron el negocio de la construcción de hidroeléctricas durante la gestión de Martín Torrijos.
1. Proyecto Prudencia, una de las tres hidroeléctricas que construye el grupo Suez Energy. 2. Proyecto Paso Ancho, localizado en Volcán 3. Proyectos Pedregalito 1 y 2 ubicados en el río Chico, propiedad de la empresa Panamá Power Holding, que lidera la familia González Revilla. 4. Proyecto Tizingal, otra de las hidroeléctricas que se construye en la cuenca del río Chiriquí Viejo. LA PRENSA /Eric Batista
RAFAEL E. BERROCAL R .
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
rberrocal@prensa.com
“Esta era una zona de mucho turismo local, todos en el pueblo bajaban el fin de semana a bañarse y divertirse”, recuerda Maritza Chávez, viendo cómo ha cambiado el paisaje del río Chico en el sector de Boquerón, provincia de Chiriquí. Camiones, tractores y máquinas cementeras han invadido esa parte del río con un solo objetivo: erigir una hidroeléctrica.
Esto no solo sucede en el río Chico. A partir de 2006 –durante el gobierno de Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos de Chiriquí empezaron a pasar a manos privadas por 50 años prorrogables, según los contratos de concesión para construir hidroeléctricas. En casi todos los casos, las concesiones fueron gratuitas.
Solo el 10% del agua de estos ríos quedará para abastecer de agua potable a las poblaciones de esta provincia. Esa pequeña porción también deberá alcanzar para el uso agrícola, toma de agua de animales, turismo y el resto de las actividades, según las reglas impuestas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
El 90% del agua restante pasará a servir las necesidades de 17 hidroeléctricas que se construyen, otras 11 ya aprobadas y en diseño final, y 35 restantes que esperan aprobación oficial.
Detrás del sector de las pequeñas y medianas hidroeléctricas, donde el Estado regala la materia prima y restringe a varias poblaciones del uso de los ríos, se esconde un gran negocio que atrajo hasta al hombre más rico del mundo: Carlos Slim.
Su oferta de 31.7 millones de dólares, en mayo de 2007, por la concesión de dos hidroeléctricas y la promesa de una inversión de 321 millones de dólares, fue el disparador para la “fiebre” del sector.
Antes de ello, reveló una fuente a La Prensa , desde el Palacio de las Garzas –entonces a cargo de Torrijos– se hicieron todos los ajustes para facilitar la llegada del empresario mexicano con su firma de proyectos de infraestructura: Ideal S.A.
Ello incluyó –según la misma fuente– cambios a la legislación sobre producción de energía, reglamentación para las concesiones de aguas y, por último, readjudicar por incumplimiento de inversión dos concesiones de hidroeléctricas que tenía Cesar Lisak: Bajo de Mina y Baitún.
A partir de ese momento se generó un mercado secundario entre especuladores y empresarios que también querían entrar en el negocio. Así, a Slim lo siguieron otros empresarios locales cómo González Revilla, Eleta, Lewis Navarro, Hanono, Harari, Delvalle y Virzi.
Otros allegados al gobierno de Torrijos también aprovecharon para conseguir en forma expedita aprobaciones pendientes que luego vendieron a terceros.
Hasta el actual presidente de la República , Ricardo Martinelli, entró en el negocio de las hidroeléctricas, aunque éste tiene sus proyectos en Veraguas.
El año clave
Para los especuladores, 2007 se convirtió en el año para convertir en efectivo el derecho de concesión logrado sobre el caudal de los ríos de Chiriquí, aprovechando que los requisitos que se exigían eran mínimos y que todo se hacía casi sin desembolsar fondos.
Víctor Urrutia, ex administrador de la Asep , admitió que hasta 2006 la regulación sobre la asignación de proyectos hidroeléctricos era muy flexible y vulnerable a la especulación. Por ello, explicó que el gobierno de Torrijos aplicó cambios para reactivar la construcción de las hidroeléctricas que hoy están en obra.
Eso generó que varios derechos de concesión otorgados a una persona o empresa cambiaran de dueños mediante ventas privadas en las que el Estado no recibió dinero.
Por ejemplo, el proyecto Paso Ancho, que tenía la empresa Intercarib, pasó a manos del hermano del ex canciller Samuel Lewis Navarro, José Guillermo Lewis Navarro.
La familia Lacayo-Krupnik, amigos y socios directos de ex presidente Torrijos en un negocio residencial, también consiguió en esa administración la aprobación de todos los estudios de su hidroeléctrica para luego venderla al empresario alemán Peter Stern.
Entre todas las concesiones resaltan las siete que estaban en manos del empresario Patrick Kelly Pardini, quien en el auge de las hidroeléctricas en 2007, procedió a vender los derechos que había conseguido en los ríos chiricanos.
Cinco de estos proyectos pasaron al grupo de 45 empresarios liderado por Emanuel González Revilla (hijo) llamado Panamá Power Holding. Este mismo grupo adquirió los derechos de otros tres proyectos que tenía en trámite Pardini. Las otras dos concesiones de Pardini, llamadas Perla I y Perla II, fueron vendidas a la familia Hanono, por un monto desconocido.
Panamá Power Holding, junto con la compañía Electron Invesment de la familia Saint Malo-Eleta, Slim y Suez Energy, controlan la mayoría de las concesiones otorgadas hasta la fecha y esperan, en un futuro, abarcar más del pastel con otras de las 35 concesiones sobre los ríos de Chiriquí que están en trámite, lo que ha generado discrepancias con las comunidades afectadas y los grupos ambientalistas. (Ver infografía).
A los concesionarios también les tocó negociar con los dueños de las tierras que necesitan para desarrollar sus proyectos, generando varios conflictos que fueron a parar a la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la familia Romagosa Durán contra la concesión que tenía la familia Lacayo-Krupnik.
A pesar de las nuevas reglas para impulsar las hidroeléctricas, no se terminó con la especulación en el sector. Se dejó abierta la posibilidad de pedir una concesión de cualquier río para construir una hidroeléctrica solo a cambio de un pago al Estado de mil dólares por megavatio de generación.
El proyecto solo debe ir a remate si se presentan otras ofertas, luego de la publicación de la solicitud por parte de la Asep , según la reglamentación establecida por ese organismo.
Es así como empresarios independientes e ingenieros, algunos sin capacidad económica, mantienen en trámite hasta tres y cuatro solicitudes para adjudicarse los derechos sobre ríos.
Por ejemplo, el empresario colombiano Jossué Levy Levy tiene cuatro solicitudes. Igualmente, el ingeniero Roberto Palma tiene tres solicitudes de concesiones y Guillermo de Roux, otras tres más.
El próximo 31 de mayo, la Asep tiene programado adjudicar cuatro concesiones más, tres de ellas en los ríos de Chiriquí. Y ello a pesar de que el jefe del departamento de gestión ambiental de la Asep , Fernando Vargas, aceptó que los principales ríos de esa provincia ya están llegando a su máxima capacidad.
Hoy hay 35 proyectos en trámite y se estudia la opción de levantar la restricción del río Caldera en Boquete para permitir el desarrollo de hidroeléctricas. La Alcaldía de Boquete ya presentó la solicitud a la Asep.
