Están aislados y sin comodidades, sus pobladores dicen que sólo se acuerdan de ellos cuando necesitan sus votos. Sin nada que perder defenderán hasta lo último su único y más preciado bien: sus tierras.
Grace Kelly Chi
PA-DIGITAL
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El recurso. En el área de Cerro Colorado se estima que existen 25 mil millones de libras de cobre, pero, según expertos, lo más importante es verificar si es factible la extracción del material. Autoridades locales indígenas creen que el cobre está a más de un kilómetro bajo el nivel del mar en relación con la montaña, casi en sus entrañas. |
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El recurso. En el área de Cerro Colorado se estima que existen 25 mil millones de libras de cobre, pero, según expertos, lo más importante es verificar si es factible la extracción del material. Autoridades locales indígenas creen que el cobre está a más de un kilómetro bajo el nivel del mar en relación con la montaña, casi en sus entrañas.
Parece una burla divina. En el sector donde la pobreza se vive y la falta de apoyo gubernamental se hace presente, la comarca Ngäbe Buglé almacena un promedio de $33 mil millones en cobre. Hay tanto recurso que basta para que cada habitante de la región indígena, que se estiman en 136 mil, no tengan más contrariedades.
Sin embargo, las cosas no son fáciles. El indígena ngäbe buglé, según grupos de pobladores contactados por Panamá América en una gira a Cerro Colorado sector que alberga el millonario yacimiento de cobre del lugar, no tiene fe en la buena voluntad y gestión del Gobierno, como administrador de los recursos que puedan extraerse de sus tierras.
El riesgo para la población contaron diversos caciques con mando dentro de la zona, al igual que líderes políticos de esta comunidad como Crescencia Prado, diputada ngäbe buglé, es demasiado, pues los ngäbe sólo tienen su tierra, no creen en promesas y han visto cómo las empresas ligadas al proyecto en su fase de exploración llegaron, hicieron su trabajo y ningún cambio positivo se vio en el sitio, ni siquiera en los ranchos en los alrededores del olvidado campamento minero de exploración de Cerro Colorado.
“Nuestra población se opone, porque los recursos o las ganancias del cobre pasarán directamente a las arcas centrales del Gobierno, entonces no tenemos ninguna garantía de que nuestro pueblo verá beneficios de estas extracciones”, destacó Prado, política que fue tachada como “pobre india”, por otro diputado oficialista dentro del Palacio Legislativo por mantener la voz de protesta de su pueblo contra la minería.
Vía San Félix, Chiriquí y a la entrada de la montañosa comarca Ngäbe Buglé, Prado en compañía de varios líderes indígenas del área como Alberto Montezuma, presidente del Congreso General de esta población, sostienen que desde la década del 80, cuando inició la expectativa de la exploración de Cerro Colorado sus pueblos se han opuesto a la minería en el lugar.
Pasado los años, en 1998, la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa estatal formada en 1975 para regular la explotación Cerro Colorado, le dio por medio de su representante legal Richard Fifer (hombre ligado al desarrollo minero de Petaquilla Minerals, S.A. en Coclé y Colón) la potestad a Panacobre, S.A. para la exploración del área.
Panacobre, S.A. empresa canadiense bajo la responsabilidad de Jean Charles Potvin inició labores y dejó en la mente de los pobladores ngäbe un mal precedente.
“Ellos vinieron hicieron los trabajos. De noche se veían salir helicópteros, que no sabíamos los pobladores qué llevaban y así mismo se fueron, quedaron en reforestar toda la ladera de Cerro Colorado y ni eso cumplieron”, explica Prado señalando la montaña, donde se aprecia que sólo un sector del lugar fue reforestado.
En los alrededores de Cerro Colorado y luego de más de cuatro horas en un camino de piedra que no permite a los pobladores sacar sus productos agrícolas, se avistan una serie de ranchos de penca y paja, junto al campamento minero.
“¿Qué riqueza va a dar esta mina a nuestra gente, si los que viven allí alrededor, ni ellos quedaron bien cuando vino la empresa anterior?”, se preguntó con enojo Marita Sandoya, una de las indígenas del poblado cercano al área minera, Hato Chamín.
Con estos antecedentes, decenas de ngäbes dieron sus testimonios del porqué se oponen a la minería en Cerro Colorado desde líderes de la iglesia hasta presidentes de grupos de padres de familia. Ellos con voz propia y con la vocería de sus representantes ante la sociedad civil coincidían en sus peticiones, que iniciaban en un llamado a que fuera el pueblo ngäbe buglé que decidiera bajo su Congreso General y con la votación de sus comunidades sí la mina en Cerro Colorado va o no va.
“Estamos aburridos de esto, vienen los ambientalistas y el Gobierno y nos dice qué queremos hacer con estas tierras, no estoy a favor o en contra queremos información”, replicó una joven indígena que sigilosamente se acercó para dar su opinión.
Félix Rodríguez, uno de los caciques de la región, explicó que “fui elegido para que se haga respetar la voz del pueblo y ellos quieren decidir su destino, el Gobierno de afuera no tiene que interferir en esto, como en realidad lo están haciendo, excluyéndonos”.
Los indígenas se sienten parte en el tema minero, pues más en serio que en broma conversan en grupo que “pronto vendrá la hora de envenenar las flechas”, un concepto que parece ancestral y que liga al espíritu de conservación de la tierra a estas etnias, que da muestra desde jóvenes a ancianos dispuestos a no aceptar a ninguna empresa que pudiese contaminar los ríos, el aire o la tierra del lugar.
Estas voces que pasan por estudiantes como Carlos Montezuma, líder estudiantil del Instituto Profesional y Técnico de Chichichica, poblado aledaño, pasa a otros como Rogelio Montezuma, líder de Hato Chamín, se unieron a cientos de ngäbe buglé que acompañados por campesinos caminaron 19 días desde la comarca Ngäbe Buglé hasta la ciudad capital, y llegaron el 6 de octubre del 2009 a la Asamblea Legislativa, donde presentaron un proyecto de ley que fijaba entre otras, una moratoria de 25 años a las intenciones mineras que pudiesen darse en Cerro Colorado.
Este proyecto de ley que costó el recorrido a pie de 370 kilómetros a los indígenas y sus aliados no ha rendido frutos ante la Asamblea Legislativa.
“Me dijeron en la Comisión de Ambiente, su presidenta la honorable Dalia Bernal, que todos los proyectos debían tener un visto bueno del Presidente del Órgano Legislativo, si no no avanzaban y ha quedado ahí estancado”, expresó Prado, diputada que presentó la iniciativa.
De esta manera, es como los cientos de Ngäbes van acumulando antecedentes de falta de confiabilidad en la participación popular en los gobiernos.
Entre caciques y autoridades del Congreso General han planificado presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales pro derechos indígenas para hacer que se respete la voluntad de los ngäbe buglé, que afirman que necesitan tiempo para informarse y estar seguros de cualquier desarrollo del sitio.
“Yo no entiendo por qué el Gobierno piensa que esto es lo único que puede ser bueno para nosotros, queremos hacer nuestra agricultura y sacar nuestros productos, ellos lo que quieren es sacarnos a nosotros”, narró Michael Reyes, presidente de una asociación de padres de familia del sector.
Las intenciones de Reyes no son simples sueños, ya que en el sitio se siembra y se comercializa café gourmet de exportación y guandú que luego es enlatado para su comercialización en supermercados de la ciudad.
Entre los líderes locales polulan ideas que ansían el fomento de mercados municipales dentro de la comarca, y que en sus verdes parajes se instalen cabañas para los turistas, y así promover el ecoturismo.
“Nosotros tenemos nuestros cultivos, sólo queremos educación y que la gente tenga la posibilidad de tener profesiones, no queremos que nos destruyan con contaminación”, replicó John Javilla, indígena presidente de uno de los puestos de salud del lugar.
Javilla al igual a los otros lugareños mencionados y otros más entrevistados están seguros de que el establecimiento de una mina a cielo abierto en pleno corazón de la comarca Ngäbe Buglé será una réplica de un escenario contaminado como el que se ha dado en países sudamericanos.
Ante esto, están dispuestos a luchar por el no establecimiento de la minería en Cerro Colorado, un sitio que, según proyecciones de la Cámara Minera de Panamá, representa cerca del 60% de los impuestos que le generarían al Estado un promedio de 10 proyectos mineros metálicos que se quieran instalar en el país, tributando 967 millones anuales durante 25 años.
No obstante, y pese a que los números pintan atractivos (véase tabla de indicadores económicos de Cerro Colorado) los indígenas están seguros de que este beneficio no será para sus comunidades, pero sí implican la movilización de decenas de sus familias y lo que es más importante, según ellos,el riesgo de que grandes ríos como el Tabasará y el Cricamola se contaminen.
“Aún estando alejados de Cerro Colorado, las quebradas llevarán los químicos igual como pasó con el río San Félix en años anteriores”, expresó Chito Gallardo, líder indígena de la iglesia del sector.
Para Gallardo, los beneficios de la minería que les dejó la experiencia de la exploración de Panacobre, S.A. en el lugar fueron empleos temporales de jornaleros y no quedó más nada para la comunidad.
4 comentarios
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Excelente! con que las zonas indizenas son las mas pobres del territorio nacional, y necesitamos hacer algo para sacarlas de esta situacion de necesidades. Todas las riquezas del sub suelo, son propriedades del estado, como describe la constitucion. Por lo tanto, es deber del estaado conocer la riqueza que esta disponible. Esto fue hecho durante el proceso de exploracion. A para que puedan explotar estos recursos, el concesionario debera crear una empresa conjunta con la sociedad indigena, para poder participar en el proyecto, recibiendo ganacias del mismo. Podran administrarlas?.
Geologo correo privado 16-05-10 [15:11]
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Al igual que en el caso de las hidroeléctricas son los indígenas, los más económicamente y políticamente débiles los que pagan el ****. Si se instala la mina y se traslandan voluntaria o involuntariamente a los indígenas, para dónde creen que van a venir? a ser víctimas de la violencia en panamá. El gobierno sólo ve los billetes y más nada. Por eso andamos como andamos. Excelente artículo!.
Lila correo privado 12-05-10 [12:11]
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También me gustó mucho este reportaje, muy bien escrito, felicidades a la autora. Que canallada, se supone que le habíamos dado autonomía a los indígenas a través de las comarcas, como es posible esta situación, espero que los organismos internacionales como la oea se pongan las pilas con este gobierno, ya que he escuchado que la oea es un ente inoperante.
Ale correo privado 11-05-10 [12:25]
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Excelente reportaje. Felicitamos a la periodista y al panama america por mantenernos informados con mucho profesionalismos!.
Panamena correo privado 11-05-10 [10:03]
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